Noticia: Funcionarios con miedo a los recortes de sus pensiones.

Cientos de funcionarios del denominado Régimen de Clases Pasivas están aprovechando la posibilidad que les da el singular marco regulatorio de éste para jubilarse a los 60 años con el 100% de su pensión y evitar así el presumible impacto negativo sobre sus prestaciones que tendrá la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2019 del Factor de Sostenibilidad de las pensiones.

Según refieren fuentes sindicales, el fenómeno recuerda a lo sucedido en 2012 cuando miles de funcionarios decidieron abandonar sus trabajos en la Administración de forma anticipada nada más traspasar el umbral de los 60 años para evitar que la rebaja del 5% en sus retribuciones, decretada por Zapatero en 2010, y la congelación salarial posterior afectara a su pensión de jubilación. Hay que recordar que, al contrario de lo que sucede en el Régimen General, las pensiones de los funcionarios encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas no dependen de su base de cotización sino del haber regulador, vinculado de forma directa a sus salarios, por lo que una rebaja en éstos tiene incidencia directa sobre su futura pensión.  En aquel momento los cambios regulatorios hicieron que se triplicara el número de jubilaciones anticipadas en el ámbito de la Administración del Estado, que en apenas dos años pasaron de 4.000 a 14.000. Aún hoy se continúa en estos niveles.

Los sindicatos no han tardado en poner sobre aviso a las autoridades de los diferentes ministerios e incluso han remitido una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para instarla a adoptar de forma urgente las medidas oportunas para evitar que la 'fuga' anticipada y no prevista de un número cada vez mayor de empleados públicos acabe generando serios problemas en las áreas de la Administración más perjudicadas por la política de reposición de vacantes del Gobierno: los organismos de la Seguridad Social y el Servicios Público de Empleo. "En algunos organismos de la Seguridad Social ya se ha comenzado a desviar expedientes que debían tramitarse en Madrid a otras direcciones provinciales cercanas ante la falta de efectivos reales para asumir la carga de trabajo", denuncia Álvarez.

Existe además un riesgo elevado de que la situación se agrave. De los 181.000 funcionarios civiles de la Administración General del Estado, nada menos que 28.000 tienen más de 60 años y en la mayoría de los casos podrán decidir jubilarse en el momento que lo estimen más oportuno. La única restricción que pone el Régimen de Clases Pasivas para jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años con el 100% de las pensión es que se acrediten 35 años de carrera funcionarial, un requisito que la mayoría cumple.

Desde: elpais.com